Viernes, 23 Febrero 2018 13:29

Los hechos de violencia cobran factura a la Policía y a dos autoridades

Escrito por EL DEBER
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Las agresiones al hijo de Albarracín y a una señora, como la gasificación y uso de la fuerza de la Policía, están en el debate

La agresión de un viceministro a una mujer o la que denuncia el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín; al igual que la fuerza utilizada por la Policía contra un grupo de asambleístas en la Plaza Murillo o en casos de desbloqueo en La Paz y Santa Cruz levantaron roncha el día después del 21-F y le cobran factura a un ministro, a un viceministro y a la Policía.

La diputada opositora Fernanda San Martín pidió la renuncia del viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, quien fue filmado cuando agredió a una mujer en inmediaciones del estadio Hernando Siles de La Paz.

La legisladora envió una carta a la ministra de Culturas en la que le exige que lo destituya del cargo si él no renuncia. Además, dijo que sentará una denuncia por violar la Ley 345.

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La senadora Adriana Salvatierra respondió que no se puede justificar ningún tipo de agresión y pidió disculpas, aunque mencionó también que hubo otros hechos de violencia protagonizados por opositores en contra de oficialistas que no merecieron atención de los medios.

El rector Albarracín volvió a pedir que el ministro de Gobierno revele el nombre del policía que disparó una granada de gas que lastimó a su hijo. “Si no lo hace, estaría encubriendo y eso me dará lugar a interponer una acción legal”, manifestó.

 El ministro respondió que nunca instruyó perseguir o reprimir a nadie, anunció que envió un memorial a la Fiscalía para que indague a fondo este caso, y el Ministerio Público será la instancia (no a Albarracín) a la que hará llegar el informe, que ya solicitó al Comando de la Policía.

La Defensoría del Pueblo elevó un pedido de informe a la Policía y al ministerio para que expliquen los hechos de violencia durante la jornada.

La oposición presentó una petición de informe contra Romero, por la agresión de la Policía a asambleístas de la oposición que fueron gasificados la mañana del miércoles cuando intentaban iniciar una conferencia de prensa en la plaza Murillo, como por el caso Albarracín.

 

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